
A las ciudades de Estados Unidos les hacen falta millones de unidades de vivienda. Agravada por otros factores, esta escasez está elevando drásticamente el costo tanto de rentar como de comprar vivienda. Los Ángeles no es la excepción; dado que el 74% de su suelo está zonificado exclusivamente para viviendas unifamiliares, la construcción de vivienda multifamiliar queda limitada a una franja sumamente estrecha de la ciudad, lo que dificulta la edificación de nueva vivienda asequible. Asimismo, los complejos procesos de aprobación de permisos, que suelen prolongarse por años, con frecuencia restan viabilidad a estos proyectos.
Ante este escenario, en diciembre de 2022, la alcaldesa Karen Bass tomó una medida drástica al declarar el estado de emergencia para acelerar la aprobación de proyectos de vivienda asequible. Esto permitió a las empresas desarrolladoras agilizar las propuestas con alquileres regulados mediante trámites de permisos acelerados y exenciones a las normas de zonificación. La Directiva Ejecutiva 1 (ED1) desató una oleada de solicitudes para vivienda asequible, impulsada de manera sorpresiva no solo por quienes dependen de financiamiento público, sino también por el sector privado.


































