
La justicia ambiental se enfrenta a una verdad tan simple como incómoda: los beneficios y las cargas del entorno no se distribuyen de manera equitativa. Las comunidades marginadas soportan una proporción desmesurada de aire contaminado, agua insalubre, usos nocivos del suelo, calor extremo y los crecientes riesgos del cambio climático en ciudades de todo el mundo. Esto es el resultado directo de décadas de decisiones políticas, patrones de inversión, prácticas de planificación excluyentes y decisiones de ordenamiento que sistemáticamente han favorecido a ciertas comunidades en detrimento de otras.
Tanto en entornos urbanos como rurales, estas injusticias quedan inscritas en el tejido físico de los lugares, revelando diferencias extremas en las condiciones ambientales entre distintos barrios y distritos. Por ejemplo, los vecindarios densos con escasa cobertura arbórea absorben y retienen el calor, lo que expone a sus habitantes a tasas más altas de enfermedades relacionadas con las altas temperaturas. Las autopistas, los corredores industriales, los puertos y los vertederos se concentran cerca de comunidades de bajos ingresos y de minorías étnicas, condicionando su salud, la calidad del aire y del suelo, y su seguridad a largo plazo.










































































