Este artículo fue publicado originalmente en Common Edge.
California, al igual que la mayoría de los estados de EE. UU., enfrenta una crisis de vivienda. A diferencia del resto del país, el estado está trabajando activamente para mitigar la situación a través de iniciativas públicas y privadas que, no obstante, los críticos no dudan en calificar de insuficientes. El Área de la Bahía legalizó las unidades de vivienda accesorias (ADU, por sus siglas en inglés) mediante la modificación de las leyes de zonificación, pero esto apenas ha tenido repercusión. Algunas ciudades ahora presionan para lograr una mayor flexibilización de la zonificación (upzoning) con el fin de dar a las empresas desarrolladoras más margen para lanzar nuevos edificios al mercado con alquileres más bajos. Existen todo tipo de estudios —patrocinados por universidades o respaldados por la industria— que recomiendan soluciones más o menos radicales para un problema aparentemente irresoluble. A los colectivos ambientalistas se les suele encasillar como los villanos de la historia por no condonar los desarrollos en terrenos vírgenes (greenfields). Y la ciudadanía californiana es sumamente exigente con sus funcionarios electos, como lo aprendió el actual gobernador el año pasado.
