El sistema de transporte colectivo en las grandes ciudades brasileñas ya se encontraba en crisis antes de la pandemia del coronavirus. Los operadores de transporte vieron caer gradualmente la demanda de pasajeros a lo largo de las últimas décadas, en un escenario marcado por múltiples factores como: políticas urbanas que incentivan el uso del transporte individual; la dispersión urbana, que reduce las economías de escala en la cobertura de las periferias; el aumento de la congestión vial; rutas cada vez más desactualizadas con respecto a los patrones de desplazamiento de las ciudades; la creciente necesidad de transbordos en los trayectos de los pasajeros; el deterioro de las flotas y de la calidad del servicio; el aumento de los ingresos de la población, lo que propició la adopción de alternativas como el automóvil particular, la motocicleta y los servicios de transporte privado por aplicación; y, sobre todo, tarifas de transporte colectivo cada vez más elevadas.
La pandemia del coronavirus exacerbó significativamente esta tendencia, provocando una caída abrupta de la demanda de transporte colectivo. En un comunicado publicado en abril de 2020, la Asociación Nacional de Empresas de Transportes Urbanos (NTU) afirmó que: "La reducción promedio identificada fue del orden del 80% en la cantidad de pasajeros transportados. Se estima que, en todo el país, 32 millones de pasajeros dejaron de ser transportados diariamente". Además de las medidas vinculadas exclusivamente a la higiene, como la obligatoriedad del uso de mascarillas por parte de los pasajeros y la circulación con las ventanas abiertas, se tomaron diversas medidas en relación con la operación, desde la restricción del número de pasajeros por vehículo —con un impacto aún más negativo en la sostenibilidad operativa— hasta la suspensión temporal de las gratuidades y la reducción del número de líneas y de la frecuencia de los autobuses en circulación, en un intento por mitigar los costos operativos durante la pandemia.
