El debate sobre la criminalidad y la seguridad pública en Brasil ha estado marcado por la polarización entre los defensores de medidas de mano dura contra el delito —que van desde el endurecimiento de las penas y de los trámites procesales hasta el salvoconducto de la eximente de ilicitud para la violencia policial— y los críticos del sistema de seguridad pública y justicia penal, debido a los abusos cometidos y a la ineficacia del encarcelamiento para la contención de la criminalidad.
Más allá de esta dicotomía, con frecuencia contraproducente para enfrentar un problema que victimiza a gran parte de la población brasileña —cuya integridad física y/o patrimonial se ve amenazada cotidianamente—, la cuestión de la prevención del delito ha sido poco discutida y menos aún priorizada. Existen experiencias exitosas en este ámbito, y todas ellas pasan por un mayor protagonismo del poder local/municipal en la implementación de iniciativas y programas, así como en la articulación de la acción policial con otros actores sociales.
