Este artículo fue publicado originalmente en Common Edge.
No soy de ningún modo especialista en asociaciones público-privadas. No obstante, durante unos 10 años, en mi calidad de planificador/a de campus y, posteriormente, arquitecto/a de campus de la Universidad de California en Berkeley, observé el desarrollo de estas iniciativas en la educación superior; a veces desde la primera fila, otras veces como participante directo/a. En aquel entonces, esta estrategia, promovida con gran entusiasmo y optimismo, se presentaba como la solución a cualquier problema que surgiera. Sin embargo, la definición de lo que constituía una asociación público-privada resultaba imprecisa. El concepto mismo parecía adaptarse a cualquier expectativa, según lo que se requiriera, quién lo recomendara y qué equivalentes (si es que los había) existieran fuera de la universidad. Esta tendencia sigue vigente hoy en día, lo que hace aún más importante definir con precisión los pros y los contras de esta estrategia de desarrollo, no solo para las instituciones de educación superior, sino para toda toma de decisiones en el ámbito público.
