Desde el inicio de la pandemia en Brasil, se ha debatido ampliamente sobre los impactos en los diferentes territorios y segmentos sociales. Esto é fundamental tanto para encontrar las mejores maneras de prevenir la propagación de la enfermedad como para proteger a las personas más vulnerables. Sin embargo, la forma en que se han divulgado la información y los datos no ayuda a analizar los impactos territoriales ni la difusión espacial de la pandemia, lo que dificulta también su debido enfrentamiento.

En la ciudad de São Paulo, la escala de análisis de la pandemia sigue siendo el distrito, que corresponde a porciones enormes del territorio y con una población mayor que la de muchas ciudades de tamaño medio. Esta visión simplificadora ignora las heterogeneidades y desigualdades territoriales existentes en la ciudad. Como señalamos anteriormente, lamentablemente la dimensión territorial no se considera de forma adecuada, prevaleciendo una lectura simplificada e incluso estigmatizada, como por ejemplo cuando se afirma que “donde hay favelas hay pandemia”.

Al menos dos avenidas (23 de Maio y 9 de Julho) marcan en el territorio de la ciudad la presencia de la Revolución Constitucionalista de 1932. Sin embargo, en el paisaje de la capital paulista, diversos otros lugares remiten a la memoria de un conflicto armado que se convirtió en el gran mito de la historia del estado de São Paulo, conmemorado desde 1997 con un día feriado.

El derrumbe del Edificio Wilton Paes de Almeida, el primero de mayo de 2018, evidenció con total claridad una emergencia habitacional. Como si no bastara con el recorte de las inversiones públicas destinadas al sector, en São Paulo, tan solo en el año 2017, al menos 14 mil familias fueron desalojadas de sus hogares, y existen por lo menos otras 30 mil bajo amenaza por habitar en el perímetro de obras públicas, según señala el Observatorio de Desalojos de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU/USP).

Basta recorrer las ciudades brasileñas, perdiendo horas en embotellamientos o esperando autobuses o metros que pasan repletos —¡o que ni siquiera existen!— para constatar que están lejos de alcanzar un estándar razonable de funcionamiento. E incluso quienes, supuestamente protegidos por muros, tienen muy poco contacto con las precarias condiciones que marcan la situación habitacional de millones de familias, se asombran ante el aumento del número de personas en situación de calle o la evidencia de esta precariedad cuando alguna tragedia, como el incendio en el Edificio Wilton Paes de Almeida, llega a las páginas de los periódicos y otros medios de comunicación. Es de esperar, por lo tanto, que el tema de las ciudades, y de la vivienda y el transporte en particular, estén presentes en los programas de gobierno de los candidatos y candidatas a la presidencia de la República.

Todo el marketing en torno a las smart cities, las llamadas ciudades inteligentes (y hay mucho marketing, ya que detrás de ellas se encuentran grandes corporaciones que venden tecnología a los gobiernos municipales), habla de ciudades humanas y democráticas, a partir de la posibilidad de interacción de la ciudadanía con el gobierno y de cómo esta interacción puede promover una mejora en la calidad de respuesta de las políticas públicas hacia las personas.

Sin embargo, lo que estamos viendo es diferente. La llamada minería de datos garantiza el marketing segmentado; es decir, a partir del recorrido de las personas usuarias de internet por la red, es posible descubrir sus preferencias y, de este modo, apropiándose (¡sin pagarnos!) de los datos que producimos, las empresas nos bombardean con publicidad específica. Seguramente muchas personas ya han vivido esto: después de buscar algo en internet, pasan semanas recibiendo publicidad de ese artículo. Si esto ya representa una apropiación de datos privados de la mayoría para el beneficio de unos pocos, resulta aún más problemático cuando se introduce en estos sistemas la disponibilidad y articulación con los sistemas públicos de información, como los datos policiales, judiciales, entre otros. Y esto ya ha comenzado a ocurrir en China.

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El lanzamiento de un edificio en el centro de São Paulo causó cierto espanto por el tamaño de sus apartamentos: sólo 10 metros cuadrados. Esto levantó el debate sobre la tendencia del mercado de producir viviendas cada vez menores y la capacidad de estos inmuebles de atender a las necesidades de sus habitantes.

No hay duda de que, por un lado, ese producto inmobiliario se relaciona con las formas de vivir de las nuevas composiciones familiares. Es cada vez más común que las residencias sean ocupadas por una sola persona o, como máximo, dos. De acuerdo con datos de la Fundación SEADE para 2010, en el Estado de São Paulo son casi el 40% los domicilios que tienen esa característica, siendo el 13% de hasta una persona.